Desde hace más de un siglo, Suiza es el ejemplo más avanzado de democracia directa del mundo: un sistema en el que los ciudadanos no solo eligen a sus representantes, sino que pueden intervenir directamente en el proceso legislativo a través de referéndums e iniciativas populares. Con 50 000 firmas es posible someter a votación una ley parlamentaria; con 100 000 se puede proponer una modificación constitucional. Hay que decir, sin embargo, que cuando se introdujeron estos umbrales (1977), la población suiza era dos tercios de la actual.
Este mecanismo ha funcionado históricamente como válvula de escape de las tensiones sociales, permitiendo integrar los conflictos políticos en el proceso de toma de decisiones en lugar de radicalizarlos. No en vano, Suiza se cita a menudo como modelo de estabilidad: muchas políticas públicas —desde el bienestar social hasta la representación proporcional— nacieron precisamente de iniciativas populares.
Siempre por amor a las cifras: desde 1891, se ha pedido a los votantes suizos que decidan sobre 229 iniciativas populares a nivel federal. Solo 26 han sido aceptadas —aproximadamente una de cada diez—. Hasta 1970, la frecuencia media de las iniciativas referendarias se situaba en torno a una votación al año: un tema al año, para ser más precisos. Desde el comienzo del nuevo milenio, nos situamos por encima de las 4 iniciativas al año.
Un sistema bajo presión
En los últimos años, sin embargo, este equilibrio parece resquebrajarse. La frecuencia de las votaciones ha aumentado sensiblemente y el recurso a los instrumentos directos se ha vuelto más estratégico y politizado (o, por usar una expresión muy de moda últimamente, «instrumental»). Los referéndums ya no son solo instrumentos de participación, sino también armas de movilización electoral y de determinación o modificación de la agenda política.
El caso más emblemático es el referéndum celebrado el pasado fin de semana para limitar la población a 10 millones de habitantes. La propuesta —respaldada por la derecha nacionalista— fue rechazada por el 54,8 % de los votantes (una participación del 58 % se considera elevada en Suiza). Podría haber comprometido acuerdos fundamentales con la Unión Europea y el acceso a mano de obra extranjera cualificada. El hecho de que una medida tan radical haya podido obtener, de forma realista, un consenso (recordemos que la aprobó el 45,2 % de los votantes) indica un cambio en el clima político.
Paralelamente, otras votaciones recientes muestran una creciente imprevisibilidad: las reformas fiscales, de pensiones o medioambientales pueden ser aprobadas o rechazadas en contra de la opinión del Gobierno y de las élites económicas, lo que es señal de un debilitamiento del consenso tecnocrático tradicional y de una creciente desconfianza en las instituciones, pero sobre todo en la clase dirigente.
La paradoja de la democracia directa
El núcleo del debate es una paradoja: lo que hace que el sistema suizo sea inclusivo también puede hacerlo inestable.
Por un lado, la democracia directa amplía la representación y hace que la agenda política sea más sensible a las preferencias de los ciudadanos de a pie, no solo de las élites económico-financieras. Por otro lado, puede:
• favorecer propuestas simplistas sobre temas complejos
• fomentar campañas emotivas y polarizantes
• generar decisiones en conflicto con las restricciones económicas o internacionales
Además, la creciente profesionalización de las campañas —incluida la recogida de firmas y la microsegmentación digital— corre el riesgo de desplazar el poder hacia quienes disponen de mayores recursos organizativos.
¿Un anticipo para Europa?
Muchos observadores ven en Suiza una «señal de alarma» para las democracias occidentales. Temas que hoy son centrales en el debate europeo —la inmigración, la relación con la UE, la desconfianza en las instituciones— han surgido aquí antes y de forma más directa.
El sistema de referéndums suizo pone de manifiesto tensiones que en otros lugares permanecen latentes o son mediadas por los partidos. Pero precisamente por eso también puede amplificarlas, transformando cada cuestión en un enfrentamiento binario.
Con la proximidad de votaciones cruciales sobre las relaciones con la UE y la inmigración, 2026 se perfila como un año decisivo no solo para Suiza, sino como una prueba para comprender si la democracia directa sigue siendo un factor de estabilidad o se está convirtiendo en un multiplicador de incertidumbre política.
Conclusión
La lección suiza es ambivalente: la participación directa puede reforzar la legitimidad democrática, pero requiere instituciones sólidas, confianza generalizada y un delicado equilibrio entre participación y gobernabilidad.
En una Europa atravesada por impulsos populistas y crisis de representación, el modelo suizo no ofrece una solución sencilla. Más bien, anticipa las contradicciones a las que muchas democracias podrían tener que enfrentarse pronto.
Descargo de responsabilidad
El presente artículo expresa la opinión personal de los colaboradores de Custodia Wealth Management que lo han redactado. No se trata de consejos o recomendaciones de inversión, ni de asesoramiento personalizado, y no debe considerarse una invitación a realizar transacciones con instrumentos financieros.
