El primer episodio de esta saga se remonta a nuestro análisis del pasado 3 de abril, en el que nos centramos en las etapas de integración entre Credit Suisse (CS) y UBS, con el telón de fondo de la recapitalización de unos 25 000 millones de dólares solicitada por el Gobierno suizo al nuevo banco nacido de la fusión de los dos gigantes suizos. En realidad, esta medida forma parte de un paquete de reformas más amplio, ya rebautizado como «too big to fail» (demasiado grande para quebrar), tomando prestada la expresión de la conocida frase, cuya autoría desconocemos, que volvió a cobrar protagonismo durante la crisis de 2008 —presentado por el Gobierno suizo el pasado 6 de junio, con el objetivo de reforzar el sistema financiero suizo y evitar que un banco con depósitos superiores al PIB suizo arrastre al país a graves dificultades en caso de crisis de la propia entidad. Este paquete prevé, en particular:
● Medidas más estrictas sobre la liquidez de las entidades bancarias
● Ampliación de las competencias de la FINMA
● Directrices sobre la calidad del capital
Estas medidas se detallan mejor en el sitio web de la confederación dedicado a la reforma Too Big to Fail, pero en esencia apuntan a una supervisión más precisa de la liquidez obtenida por los bancos, especialmente cuando proviene de los bancos centrales, además de dotar de más herramientas a la FINMA, acusada de haber fracasado completamente en su misión en el caso de CS, con la consiguiente polémica sobre si tenía o no las competencias necesarias para actuar con eficacia. Por último, las medidas sobre la calidad del capital se refieren a la forma en que los bancos cuantifican partidas como los activos fiscales diferidos, el software interno y otras partidas en sus balances. Esta última medida, en particular, aumentaría los requisitos de capital de UBS en solo 3000 millones de dólares, pero se sumaría a los 26 000 millones estimados por el Gobierno suizo (frente a los 24 000 millones estimados por UBS).
Este paquete, tal y como está configurado, no es una ley ad personam, aunque es indiscutible que está hecho a medida de UBS, que, por su tamaño, es única en el panorama financiero suizo. Por lo tanto, no es de extrañar que el nivel del enfrentamiento sea entre los altos cargos del banco y las autoridades políticas federales. Además de sobre las cifras, la batalla se libra sobre los plazos. El lunes 15 de septiembre, el Consejo de los Estados votará sobre la incorporación (o no) de las medidas relativas a la calidad del capital al paquete Too Big to Fail, con fuertes presiones para posponerlo como objeto de una aprobación ad hoc.
El Departamento de Finanzas declaró en junio que las reformas generales entrarían en vigor «como muy pronto» a principios de 2028, mientras que UBS dispondría de un período de transición de «al menos seis u ocho años» para aplicar los cambios una vez que la legislación entrara en vigor.
El Consejo de los Estados votó por estrecho margen en contra de la fusión la semana pasada, lo que significa que, si el Consejo Nacional hace lo mismo, el calendario del Gobierno se mantendrá sin cambios. Si, por el contrario, vota a favor de la fusión de las reformas en el Parlamento, estas volverán al Consejo de los Estados para ser debatidas.
Aguar los plazos significa crear una vía preferencial para UBS con respecto al resto del sistema financiero, para el que, en cambio, la ley Too Big to Fail entraría en vigor según el calendario establecido por el Gobierno: sin embargo, lo que está en juego es el traslado al extranjero de la sede legal de UBS en un momento en el que la plaza financiera suiza, tras casi dos décadas de dificultades, ha llegado a confirmar unos activos bajo gestión superiores a los 9000 millones de francos, casi cercanos a los máximos históricos absolutos. No hace falta recordar que gran parte de esta masa es gestionada precisamente por UBS, cuyo título, desde los mínimos de abril, ha registrado un notable incremento del 50 %.
Continuará…
Descargo de responsabilidad
Esta publicación expresa la opinión personal de los colaboradores de Custodia Wealth Management que la han redactado. No se trata de consejos o recomendaciones de inversión, ni de asesoramiento personalizado, y no debe considerarse como una invitación a realizar transacciones con instrumentos financieros.
